EDUCACIÓN PRIVADA 2020 EN CUARENTENA
Enfrentamos uno de los más grandes desafíos de la educación peruana: implementar la educación remota en emergencia durante todo el año lectivo.
Esta situación ha implicado cambios acelerados en el sector público y privado para asegurar la continuidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes.
Pero sobre todo, la condición de aislamiento social, ha trastocado la vida familiar: los padres, de manera inevitable, están confinados en el seno del hogar, procurando atender el teletrabajo, la atención a las labores domésticas, brindando soporte a sus hijos para que puedan seguir las actividades de aprendizaje propuestas por sus maestros.
Y los docentes, tampoco son ajenos a estos afanes, tratan de armonizar la atención a sus propios hogares con la implementación de una educación a distancia que demanda muchas horas de trabajo.
La situación económica de los hogares también se ha visto gravemente afectada, al ver disminuidos sus ingresos por ser trabajadores independientes, por haber sido despedidos o haber visto recortadas sus remuneraciones. Ante esa real necesidad, los padres han empezado a solicitar que el colegio descuente los pagos de pensiones en la educación privada. Los colegios a su vez han ajustado presupuestos, descontando los pagos, en una medida que no alcanza a cubrir las posibilidades de pago de las familias.
Ante este conflicto, se empieza a cuestionar la calidad educativa de la educación remota, indicando que no justifica el precio que antes pagaban. Y desde allí nace un conjunto de argumentos que han teñido la relación familia-colegio de desconfianza y han bloqueado la comunicación.
¿Existen parámetros o criterios para juzgar la calidad de educación remota en emergencia? Hasta el momento NO. cada uno la juzga según su parecer. Imposible medir la calidad por el tiempo de permanencia de un estudiante ante una pantalla. Menos aún por el ¨volumen¨ de actividades o trabajos que el alumno debe realizar durante este proceso. Corresponde al ministerio de educación con ayuda de expertos, clarificar estos criterios, que son totalmente distintos a lo que usualmente se conoce como Educación a Distancia, pues se trata de una educación remota en emergencia, como bien los ha denominado el propio Minedu. Estos criterios mínimos deben ser cumplidos tanto por la escuela pública como por la escuela privada.
Los colegios privados deben hacer el máximo esfuerzo para ayudar económicamente a los padres, y estoy segura que lo harán, porque nadie quiere perder un alumno, además de las motivaciones derivadas del ideario de muchos colegios. Pero los colegios también tienen un compromiso con su personal, y luchan por poder cumplir con las obligaciones laborales con quienes hoy sostienen la continuidad de la educación.
Hace mucho tiempo que los promotores de la educación privada vienen sosteniendo la economía de muchas familias; recordemos que la Ley de Protección de la Economía Familiar, permite que el estudiante continúe en las aulas todo el año, aunque sus padres no hayan pagado la escolaridad. Esta norma, provocó que los colegios tuvieran que soportar una morosidad que puede llegar hasta el 50% mensual. Esta situación trae por debajo cualquier argumento que pretenda indicar que los dueños de los colegios ¨no se mojan¨ con las necesidades económicas de los padres.
Si queremos garantizar la continuidad de la educación remota para los estudiantes de la escuela privada, lo importante es dialogar con cada familia. Los padres deben transparentar su economía actual y los colegios ser claros en la justificación los ajustes realizados. Y ayudar a cada familia, según su necesidad, lo más que se pueda. No se puede imponer porcentajes de descuento a ningún colegio. Y mucho menos, desvalorizar la labor docente desde esta perspectiva. No sólo es injusto sino insensato.